Volveremos a ser un país serio

bervum

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Les confieso que por un instante me pregunté si no sería mejor poner el título entre dos signos de interrogación. Lo deseché porque mi temática de todos estos años es que hemos de prevalecer y porque, ahora, cuando es notorio el desmoronamiento robolucionario no es momento de entrar en dudas. Más bien, estuve tentado de poner el título entre signos de admiración. 

Hubo un tiempo en la historia reciente de Venezuela en que éramos un país serio; una democracia con ciertas imperfecciones, pero democracia al fin; un Estado en el cual sus instituciones estaban encabezadas por personas probas, conocedoras de su oficio, bienintencionadas. ¿Que tenían su corazoncito partidista?, sí, lo tenían. Pero eran ciudadanos honorables que ponían el deber del cargo y las decisiones que tomaban por encima de la mera militancia política. Muy distinto a lo que sucede ahora, cuando una serie de ilustres desconocidos, con poco currículo (o ninguno), dominan los poderes públicos con un descarado manejo que sobrepone los intereses del régimen por encima del derecho, la justicia, el bien y la ética. Hagamos un ejercicio rápido de encontrar qué de cierto tiene lo que afirmo antes.

Ahora, cuando está de moda que la policía política se haya erigido en un Estado dentro del Estado; cuando se pasa por la bragueta las órdenes de libertad que emiten los pocos tribunales que se atreven a firmarlas; cuando tortura física y mentalmente a los políticos que mantienen en sus calabozos; cuando se da el lujo de desconocer lo que manda la Constitución en lo relativo a la inmunidad de los diputados, nos toca recordar cómo fueron de escrupulosos los anteriores policías en obedecer los mandatos judiciales, cómo cumplieron la orden de dejar salir a los que habían salido electos diputados, como fue el caso de David Nieves y otros más. Ya no más; hoy lo que se estila es darles con la puerta en la cara a los alguaciles y los familiares que traen las órdenes de liberación. Eso, cuando no están muy ocupados acosando a Lilian Tintori o deteniendo a diputados en plena ejercicio de su función. Todo ello, exacerbado por mandato de un verdugo revestido como vicepresidente y que, entiendo yo, tiene dos nacionalidades, lo que lo inhabilita para esta función.

Lo que nos lleva a eso de mostrar la partida de nacimiento. Porque la carga de la prueba de demostrar que tiene una sola nacionalidad solo recae en el mismo turquito. Igual sucede con unos cuantos más que detentan (empleo bien el verbo) altos puestos. Empezando por la del incompetente que mete la pata a cada rato en las cadenas. Hasta ahora, no se ha visto el documento, solo un papel que por fracciones de segundo mostró la Tibi en TV y nadie pudo analizar en detalle. ¡Ah, y la “sentencia” del bufete del régimen! ¿Cómo puede haber sentencia donde no ha habido juicio? Solo en la mente poco culta (y no solo en derecho) de los “magistrados express”. El remoquete de “colectivo judicial del régimen” que les acuñó recientemente un comentarista los describe a plenitud. Por el contrario, cuando en la tan denostada Cuarta República se corrió la voz de que Carlos Andrés Pérez era colombiano, el tipo mató la culebra mostrando su partida de nacimiento, que certificaba que vio la primera luz en Rubio, Edo. Táchira.

Y cuando la coyunda entre los famosos “notables”, los dueños de medios y algunos de sus propios compañeros de partido —dolidos porque CAP le dio alas a la descentralización, lo que de hecho le quitaba al CEN de AD la potestad de escoger a dedo a los gobernadores— hizo que fuese sometido a antejuicio y juicio y a que debiese entregar la presidencia, se sometió a todo lo que la Fiscalía, la Corte Suprema y el Congreso decidieron. Era que, repito, con todos sus defectos, estábamos en un Estado de Derecho. Muy distinto a ahora, cuando el Ejecutivo se atrinchera detrás de cuanta bribonada se les ocurre a sus cómplices en los demás poderes públicos. Lo último que inventaron fue un fulano “comando antigolpe” —ya el talante de quien está al frente nos indica que eso no pasará de otro adefesio más que busca perseguir a cualquiera que ose pensar diferente al desiderátum regimental. De sus primeras actuaciones, contrarias a la letra de la Constitución, se ha enterado todo el mundo, menos el Ministerio Público (al cual le roba funciones y, teóricamente, debe ser un tercero de buena fe) y el inefable Tribunal de la Suprema Injusticia, devenido —ya lo dije, ¡pero me da un gusto repetirlo!— en un colectivo judicial al servicio del régimen. ¡Claro, si para favorecer a la nomenklatura tienen el tupé de dejar sin representación parlamentaria por más de un año a uno de los estados de la república, para qué se van a parar en nimiedades tales como la violación de la inmunidad de un diputado!

En la tan vapuleada Cuarta, ciertos poderes estaban presididos por un individuo que no pertenecía al partido de gobierno. Pero los partidos opositores ponían empeño en sugerir nombres de personas que estaban por encima de tacha alguna; y los del gobierno los aceptaban porque les reconocían la moralidad y decencia suficientes para no incurrir en alcahueterías indebidas con sus copartidarios. Tan diferente desde hace dieciocho años, cuando los que mangonean se despachan y se dan el vuelto. Ya ni el contralor ni el defensor del pueblo, mucho menos las madamas del CNE, actúan secundum legem. Por el ex aequo et bono, mucho menos. No pasan de ser lo que son: solo fichitas de partido…
Podría seguir, pero se me acaba el espacio. En todo caso —no sé cuándo, espero que muy pronto— volveremos a ser un país serio.

hacheseijaspe@gmail.com

Humberto Seijas Pittaluga