SIN JUSTICIA NO HAY PAZ

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    Los resultados de la consulta realizada a los colombianos el domingo pasado y que arrojaron un no rotundo a la propuesta de paz presentada por el Presidente de este país Juan Manuel Santos, demostró en primer lugar las enormes heridas dejadas en la sociedad cuyas víctimas se contabilizan en más de 8 millones. Esta cifra se escribe y se dice fácil, pero son estos eventos los que trasforman el pensamiento y generan agudas sensibilidades en la conducta de los ciudadanos. Por lo tanto, sí iniciar un proceso de paz en cualquier escenario es un asunto sumamente complejo, mucho más lo era con las condiciones presentes en el país neogranadino. Y esto es algo que debía haber tenido claro el presidente Santos, cuando incluye entre las condiciones del acuerdo de paz la absolución de los delitos cometidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC), y otros grupos irregulares que tuvieron parte en este conflicto. ¿Cómo se le ocurrió al presidente Santos y a los actores interesados en la aceptación de esta propuesta (incluida Venezuela) pensar que los colombianos votarían a favor de una “denominada” paz que quiebra el derecho y la institucionalidad del Estado cuyo primer objetivo debe ser preservar el orden e impartir la justicia?. ¿Acaso creía Santos que solo bastaría con la enorme inversión hecha por su gobierno en el despliegue publicitario a favor de esta propuesta y que con estas condiciones sería aprobada de forma automática por la población?. ¿Creía Santos que los colombianos olvidarían los delitos de desplazamiento forzado, homicidio, mutilaciones, secuestro, tortura, reclutamiento de menores, despojo de tierras, agresión sexual, amenazas, atentados, desaparición forzada y robo de bienes que padecieron durante más de 60 años –delitos estos de Lessa Humanidad-?. No decimos con esto que las negociaciones sean suspendidas, por el contrario creemos que se deben seguir haciendo enormes esfuerzos en donde sea considerada la opinión de los ciudadanos por encima de los elementos de ilegalidad o de abuso en contra de la población.   
    Cuando los políticos creen que la opinión de los ciudadanos es irrelevante y se dejan llevar por sus intereses personales simplemente son desplazados por la voluntad popular. Las sociedades, se han organizado históricamente dentro de un modelo de justicia que en términos generales está orientado por la reparación de los delitos cometidos. Los promotores del Acuerdo de Paz en Colombia quisieron ir en contra de una cultura de justicia y recibieron una lección. Por su parte, el gobierno venezolano quiso ensayar con el mencionado acuerdo de paz ese “olvido y perdón” que ya están promoviendo por los delitos de Lessa Humanidad cometidos en 18 años, ante un eventual gobierno de transición, pero como lo sucedido en Colombia tampoco lograran transgredir a la sociedad democrática venezolana.
    La realidad nuestra implica nuevos y tremendos desafíos, los cuales exigirán una posición firme de los ciudadanos que buscamos en la consulta para revocar a N. Maduro y con las alternativas constitucionales que sean necesarias contribuir con la restitución de la justicia y de la paz en Venezuela.    

    MARISOL BUSTAMANTE/marisolmele31





Marisol Bustamante