Abuso de autoridad

bervum

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Más usurpación de funciones, más desviación de poder, más extralimitación de funciones. Eso es lo que ha caracterizado en estos casi diecinueve años a lo que algunos idiotas siguen llamando la “revolución bonita”. Desde el mismo inicio se estrenaron en eso de violar todas esas figuras del derecho administrativo para, unos, los más “doctrinarios”, imponer su muy peculiar visión de país; y la mayoría de ellos, los vivianes que abundan dentro del régimen, para el provecho propio, premunidos con ese dictum tan gomecista —pero que ellos se han encargado de revivir— de que “autoridad que no abusa, se desprestigia”. Para desgracia de la nación, en los cuatro últimos años esa forma de actuar se ha desorbitado y es la que ha causado las horrendas vicisitudes que sufre el país. 

El despelote actual comenzó cuando, para sorpresa de ellos, la oposición ganó las elecciones de 2015. Y de tal manera que llegaron a tener las dos terceras partes que habilitaban a la Asamblea Nacional para acometer reformas constitucionales y legales que permitirían enderezar el rumbo de la república que se había desviado bajo Boves II. Dado que los rojos creen en el derecho solo cuando los favorece a ellos, se consiguieron el cómplice necesario en unos magistrados que decidieron olvidar todo lo que habían aprendido en esa materia, y sin escrúpulo alguno, organizaron una comandita para desconocer y anular a la tercera pata del pedestal kelseniano, la Asamblea. Comenzaron por avalar el despropósito iniciado en un tribunalucho provinciano con una grabación apócrifa, obtenida ilegalmente, en la cual se escucha a dos personas —vaya usted a saber si no fue “cocinada” por los mismos perdedores. Lo más probable es que haya sido una conversación fingida pero, aun siendo cierta, la “evidencia” sería lo que en derecho se denomina “fruto del árbol prohibido”, obtenida ilegalmente, por lo que sería inaceptable en un juicio. Eso lo saben hasta los rábulas, incluyendo al tinterillo aquel que dijo por TV, varias veces, “diSulidar”. Pero llegó a unos magistrados a quienes las togas les quedan inmensas y, en un pupitrazo, dictaron una cautelar que ya lleva dos años y medio sin que se pronuncien sobre el fondo del asunto, y que ha dejado a un estado del país sin representación parlamentaria. Posteriormente, vino la aplicación de una figura del derecho penal, el desacato —aplicable solo a personas naturales— contra una institución, un poder; y, más atrás, la anulación de todas las decisiones parlamentarias.

Cualesquiera de las formas delictuales que mencioné en el título y las primeras líneas de este escrito se han exacerbado después de ese despropósito judicial. No es que los funcionarios y validos del régimen no habían incurrido en ellas antes. Repito: desde el “vamos”, comenzaron con esas prácticas. Pero ahora se han desbocado. Y van desde los desafueros cometidos por los ejecutores de las operaciones materiales de policía durante las brutales represiones ordenadas por quien siente tambalear su silla, hasta las medidas confiscatorias inconstitucionales con las que amenaza el gobernador del Táchira.

Y pensar que el Vielma Mora tenía buena fama cuando le tocó gerenciar en el Seniat… Pero, lo agarró el principio de Peter: “con el tiempo, todo puesto tiende a ser ocupado por un empleado que es incompetente para desempeñar sus obligaciones…” Ya había cometido la barrabasada de prohibir, por pura retaliación, el suministro de combustible en ese estado. Pero, no conforme con eso, ahora amenaza con confiscarles las fincas y fundos a los productores que no hagan lo que a él se le antoja. La confiscación pura y dura con la que echa fieros está muy bien delimitada en “la mejor Constitución del mundo” —la que ahora ya no les sirve porque ellos no creen en la democracia, aunque hagan el travestismo para aparentar. Ninguna de las circunstancias descritas en el Art. 116 ha sido llenada. Y no está en manos de un gobernador decidir cuándo y cómo se ejecuta.

De esas arbitrariedades y excesos de discrecionalidad estamos hasta la coronilla. A mí, en lo particular, me saca la piedra cuando Aristóbulo aparece disfrazado de teniente coronel en algunos actos partidistas camuflados de oficiales. Debe ser porque a mí me costó cuatro años de escuela, quince de servicio y cuatro postgrados llegar a ese cargo. Ese abuso del afrodescendiente (para no ser políticamente incorrecto) implica solo vanagloria. Me imagino que cuando timonea el yate de su propiedad, se pondrá una gorra de almirante…
Toda acción llevada a cabo por los funcionarios debe estar apegada a la letra, el espíritu y la razón de la Ley. Debe tener como mira el bien común y el interés público; no el perjuicio de los ciudadanos. Por eso, la maña que han puesto de moda los empleados del Saime para despojar a personas de la oposición de sus pasaportes cuando estos tratan de viajar al exterior configuran un delito penado según el Art. 203 del Código Penal —sin importar cuantas personas están implicadas en el abuso y desde que altura del poder se ordenó esa arbitrariedad. Me imagino que el diputado Florido, el periodista Rondón y el gobernador Capriles (entre otros muchos) ya deben tener previstos sendos libelos de acusación contra esos dizque funcionarios que ponen la conveniencia partidista por encima de la norma.

Y, al igual que ellos, todos debiéramos ir compilando nuestros memoriales de agravios. Porque llegará el momento de llamar a la justicia a esos felones revestidos de una autoridad a la que nunca debieron acceder…

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Humberto Seijas Pittaluga