MAFIA Y PODER

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                                                                                                   MAFIA Y PODER
“La combinación de los nuevos valores globales y el incremento de las conductas impulsadas por la ambición es el mayor desafío de todos para la base moral del poder”. Esta aseveración que hace Moisés Naim en su libro El Fin del Poder, aplicada al caso nacional resulta más que un desafió toda una hazaña histórica dado los niveles críticos de corrupción acumulados en la base social del país. Desde las administraciones de José T Monagas (1856), A.G Blanco (1870) y pasando por los gobiernos populistas de mediados del S. XX hasta el régimen etéreo de la actualidad, nos conseguimos con una constante medular en estas burocracias: impunidad y corrupción; las cuales, hoy día parecen ser parte de las políticas aplicadas en las distintas instancias nacionales, regionales y municipales de la administración pública y que ha generado implicaciones devastadoras para la estabilidad política y económica de Venezuela. Ya en los inicios de la República, los fundadores se debatían entre tropiezos las diferentes formas y procedimientos para crear un modelo ajustado a las necesidades del momento, que trascendiera a las exigencias nacionales; todo esto, ocurría en un país caracterizado por la dispersión de las regiones y con una incipiente conciencia nacional y de ciudadanía, económicamente arruinado y gobernado por caudillos. Es esa sombra que todavía llevamos a cuestas, sin que los sectores progresistas del país puedan promover una ruptura que abra paso a la nueva institucionalidad. 
Ya en 1956, Jacinto Gutiérrez (Ex Ministro de Hacienda del Gobierno de J. T Monagas), advertía de los peligros de la desviación de recursos y otros ilícitos administrativos en su memoria y cuenta: “….la corrupción  tanto a nivel nacional como regional es desenfrenada…desde el comienzo los funcionarios de hacienda habían sido acusados  de malversación….”. (pp. 143 .Robert Paul Mathews. La Violencia Rural en Venezuela). En su libro “Golpe y Estado en Venezuela” (1992) Arturo U. Pietri testigo y protagonista de los procesos políticos contemporáneos en Venezuela expresaba: “…entre 1973 y 1984, Venezuela recibió por el solo concepto de la explotación petrolera más de 200.000 millones de dólares, que es el equivalente a 20 planes Marshall”. (pp. 13). Si Europa logró levantarse de los estragos de la segunda guerra mundial con un poco más de 1.000 millones de dólares, qué hicieron nuestros gobiernos de la era democrática con todo ese dinero?. Pero la historia de corrupción y malversación de fondos públicos no termina aquí, Jorge Giordani (Ex Ministro de Planificación), denunció el año pasado el extravío de más de 250.000 millones de dólares. Y si a eso le sumamos los casos denunciados por corrupción en las instancias del Ministerio de Agricultura y Tierras, Ministerio de Alimentación y otros las cifras serian más sorprendentes…esto nada más en las instancias de gobierno nacional, sin contar con los “extravíos” en gobernaciones y alcaldías. Sin embargo, consideramos que lo más grave de todo eso no el dinero perdido (que podría ser recuperable) lo más grave es la institucionalización de los manejos ilícitos por parte del funcionariado público: la corrupción trascendió al marco jurídico, a las instituciones y al poder popular. Estamos frente a una democracia peligrosamente debilitada y al servicio de grupos nacionales e internacionales –delincuencia organizada- que ya están vinculados a las distintas instancias de gobierno y sacando enorme provecho de la situación. Es posible que al lado de cualquier gobernador o alcalde se encuentre uno de estos sujetos haciendo políticas públicas y tomando decisiones en nombre de los electores. En esto, es en lo que ha desembocado la corrupción en el país, por lo tanto no es una exageración que se haya planteado desde distintos espacios nacionales la transición o reinstitucionalización del país; la cual, debe comenzar desde la sociedad y con nuevos actores políticos cuya visión sea la de generar desarrollo en base al manejo trasparente de los recursos y la ejecución efectiva de las leyes.         
P.D: La impunidad y complicidad del Ministerio Público y Contraloría General de la República han permitido que los sectores políticos gobernantes hayan ocasionado un enorme fraude a la nación. Mientras unos ciudadanos huyen a tierras extranjeras buscando mejores oportunidades, otros se quedan siendo arrastrados por los efectos de un modelo político y económico que debe ser sustituido.   

MARISOL BUSTAMANTE/marisolmele31
POLITÓLOGA
DIRECTORA DE ONG DIVERSIDAD Y CAMBIO
diversidadycambio@gmail.com

Marisol Bustamante