Deuda boricua: Letras pequeñas de experimentar con fuego

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Desde la década de 1970 la deuda pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se ha incrementado de forma exponencial. La economía de la isla ha estado en recesión desde 2006; presenta una tasa de desempleo del 12%; su población ha disminuido 8% desde el año 2010, mientras 43.5% de sus habitantes "sobreviven" bajo la línea de pobreza. En el año 2015 la isla reconoció estar en un "espiral de la muerte": una deuda impagable que hoy alcanza los 74.000 millones de dólares. El paso de los huracanes Irma y María han sumido a la isla en una crisis humanitaria. ¿Cómo Puerto Rico llegó a ser uno de los países más endeudados del mundo? ¿Cuáles son las consecuencias de tomar prestado decenas de miles de millones en los mercados de bonos?

La DEUDA camina de la mano con el PODER. Esta obligación que contrae alguien que pide se acuerda con condiciones, cuyas letras pequeñas y funcionamiento convierte en marionetas del endeudamiento a los deudores. Sabemos el proceso típico diseñado para afrontarla y sus consecuencias: incremento de los impuestos, reducción de gastos, desempleo, migración...¿Y el final? También lo conocemos. La deuda generada por los verdaderos lobos, léase bancos y sector privado, termina siendo pagada por los ciudadanos. ¿Cómo los países son atrapados por el espiral de la deuda? ¿Por qué Puerto Rico es un caso tan particular? 

Relatos de deuda: factura a nombre del pueblo 

La historia de la deuda es la del mundo. A junio de 2017, nuestro globo presenta un exceso de deuda pública, 327% del Producto Interno Bruto, de acuerdo al Instituto Internacional de Finanzas.

Revisemos algunos casos de deuda pública. 

El problema económico de Detroit inició con la caída de la producción industrial y el dinero que pedían los gobiernos para afrontar la recesión. El 18 de julio de 2013, la ciudad de Detroit solicitó al Tribunal de Bancarrotas de Estados Unidos que la declarara en quiebra. ¿Por qué? Tenía una deuda de 18.500 millones de dólares.  

Las necesidades financieras municipales se cubrían con bonos respaldados por el Estado de Michigan. La ciudad, que entre el 2000 y 2010 perdió 250.000 habitantes -1 persona por minuto-, entró en bancarrota cuando no pudo pagar a los acreedores. Los investigadores Oscar Ugarteche y Ariel Noyola Rodríguez explican que alrededor del 50% de la deuda estaba constituida por obligaciones no fondeadas de planes de pensiones y gastos en salud para los jubilados. Del total de la deuda, había 8.200 millones de dólares en papeles negociables, respaldados por empresas de seguros y codiciados por los fondos de cobertura -hedge funds- a causa de su alto grado lucrativo a largo plazo.Transcurridos 18 meses, Detroit salió de la bancarrota luego de reducir a la mitad sus obligaciones de deuda asegurada y no asegurada.  


En cuanto a las deudas soberanas, Argentina y Grecia son casos emblemáticos. La nación suramericana en la década de los noventa escuchó los consejos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reformar la economía del país. ¿El resultado? En 1998, la economía argentina daba sus primeros pasos hacia el abismo cuando entró en recesión. 

En el año 2001 se produjo el corralito, cuando las personas retiraron sus ahorros de los bancos y el gobierno para evitar la descapitalización impuso restricciones. Esta situación evidenció la insolvencia del estado y se declaró en default.  

Sin embargo, salió del atolladero al priorizar el crecimiento del país frente a los acreedores, que mediante un recorte al principal de la deuda, creó las condiciones para la recuperación de la economía. Así, en el año 2005 se redujo la deuda al otorgarle a los acreedores entre el 25% y el 35% del valor original de los bonos. 

En el caso de Grecia, la Troika condenó al pueblo heleno a la austeridad. El calvario griego comenzó cuando adoptó el euro como moneda y el espejismo de prosperidad se hizo presente en este país y provocó que se endeudara rápido y fácil. En el año 2007, la economía fue sometida al laboratorio de las medidas de austeridad, mediante el primer rescate del año 2010. Los médicos tratantes eran el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, junto a un fondo creado por países como Alemania y Francia. He aquí un dato demoledor: el 89% del dinero que llegó a las arcas griegas entre 2009 y 2015 fue destinado al repago de la deuda. Los bancos alemanes y franceses -que tenían bonos de la deuda griega- fueron salvados. El gobierno griego incumplió con los acreedores -en su mayoría oficiales, como países u organizaciones internacionales- y acto seguido se procedió a un programa adicional de austeridad que no ha hecho más que deteriorar la economía y las condiciones del pueblo heleno.

En el año 2015, Puerto Rico se reveló como otra víctima de la deuda.

El entonces gobernador del Estado Asociado de Puerto Rico, Alejandro García Padilla anunció que la isla no podía pagar su deuda pública de 72 mil millones de dólares. "La deuda no es pagadera", expresó García Padilla. "No hay otra opción. Me encantaría tener una opción más fácil. Esto no es política; esto es matemáticas". Puerto Rico por no ser una nación, no podía recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI), ni tampoco está cubierto por algún código de quiebras de Estados Unidos. ¿Cómo se originó este problema?

¿De dónde salió la deuda boricua?

Puerto Rico fue invadido por Estados Unidos en 1898, durante la Guerra Hispanoamericana. Con esta acción militar, los boricuas tuvieron que despedirse de su gobierno autónomo y darle la bienvenida a la subordinación colonial que se ha extendido por 119 años.  

 En este territorio no existen límites constitucionales de peso, capaces de evitar los déficits del gobierno central y la acumulación de deuda, pero no siempre fue así. Si a esto se le suma que en el estado operan varias corporaciones públicas que arrastran deudas insostenibles, el resultado no es nada alentador. 


En el siglo XX, la ley Jones-Shafroth Act, firmada el 2 de marzo de 1917, tenía disposiciones que tienen repercusiones aún en la actualidad. Los investigadores, Marc D. Joffe y Jesse Martínez, en ?El origen de la crisis fiscal de Puerto Rico? explican que: "Esta ley eximía de interés a los bonos de Puerto Rico de los impuestos sobre ingresos a nivel federal, estatal y local en los Estados Unidos, lo que hizo que los bonos municipales de Puerto Rico fueran muy atractivos para los inversionistas a través de todo el país. Al mismo tiempo, la ley limitaba la cantidad que el gobierno podía tomar prestado al 7 por ciento del total del valor estimado de la propiedad inmueble de Puerto Rico."

Tres años después, en 1920, el senador del estado de Washington, Wesley Jones presentó el proyecto del Merchant Marine Act, que consistía en impedir que una flota de bandera extranjera transportara bienes entre los Estados Unidos (continente) y los territorios de ultramar como Puerto Rico. El resultado de la Ley de Cabotajes -ley Jones- el caro costo en el envío de mercancías y en el precio de los productos.

Más tarde, el entonces presidente estadounidense, Franklin Delano Roosevelt, nombró al economista Rexford Tugwell como gobernador en 1941, quien tomó medidas económicas en la isla, dándole la espalda a la agricultura y apostó por la industria. Tugwell, ideólogo más influyente de la planificación económica durante el New Deal de Roosevelt, se dedicó a la expansión de las corporaciones públicas como la Autoridad de Fuentes Fluviales -que más tarde se convertiría en la Autoridad de Energía Eléctrica (PREPA)-, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (PRASA), la Autoridad de Transportación -posteriormente conocida como Autoridad de Carreteras y Transportación (PRHTA)-, la Autoridad de Tierras y el Banco Gubernamental de Fomento (GDB). El año 1944 marcó el inicio del endeudamiento de las corporaciones públicas: la Autoridad de Fuentes Fluviales emitió 20 millones de dólares en bonos para adquirir la Porto Rico Railway, Light and Power Company y la Mayagüez Light, Power y Ice Company.

De acuerdo al reporte anual del Departamento de Finanzas, después de la inicial emisión de bonos, la deuda de las corporaciones públicas alcanzó los 50 millones de dólares en el año 1947 y casi los 100 millones de dólares para el 1952. A principios de los años 50, tanto la Autoridad de Transportación como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), ya emitían bonos, refieren Marc D. Joffe y Jesse Martínez. En contraste, la deuda del gobierno insular y los municipios era muy baja.

La deuda combinada del gobierno insular y los municipios en 1913 alcanzaba 5.8 millones de dólares. En 1931, la deuda se había multiplicado 9 veces y llegó a 49.1 millones de dólares. Culminada la Segunda Guerra Mundial, la administración del entonces presidente Harry Truman y el Congreso nombraron al primer gobernador puertorriqueño, autorizaron elecciones populares en 1948 y se aprobó la constitución territorial en 1952 que le otorgó el estatus de Estado Libre Asociado (Commonwealth) a Puerto Rico. Curiosamente, a mayor autonomía, más deuda de gobierno: en 1953 alcanzó los 33.1 millones de dólares y en 1960 se había incrementado 4 veces, calculándose en 144.3 millones de dólares. Por su parte, la deuda corporativa pasó de 105.2 millones de dólares en 1953 a 13.7 millones en 1960.

La mencionada constitución de 1952 dispuso en su artículo VI, sección 7 lo siguiente: "Las asignaciones hechas para un año económico no podrán exceder de los recursos totales calculados para dicho año económico, a menos que se provea por ley para la imposición de contribuciones suficientes para cubrir dichas asignaciones." Sin embargo, en 1961 cambió esta disposición. Ese año marcó el inicio del cese de las restricciones de la deuda a causa de la enmienda constitucional. ¿Cuál era el motivo oculto? En la mitad de la década de los años cincuenta los oficiales del Banco Gubernamental de Fomento veía con preocupación la limitación de endeudamiento establecida por el Puerto Rico Federal Relations Act, debido a que desaceleraría el programa de préstamos del gobierno y debía buscar opciones.

En consecuencia, los electores el 4 de diciembre de 1961 cavaron su propia tumba, cuando desmantelaron los requisitos constitucionales de mantener un presupuesto balanceado, al suscribir la permisión a los municipios de tomar prestado entre el 5% y el 10% del valor estimado por su cuenta -sin incluir préstamos- si aumentaban sus impuestos. A partir de ese momento, el Estado Libre Asociado no tenía límites de deuda basado en la valoración determinada de la propiedad inmueble. Finalmente, el límite de endeudamiento del estado libre asociado solo aplicaba a los "bonos o pagarés para el pago de la cual la buena fe, el crédito y el poder de imponer contribuciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", reza la enmienda de la sección 2 del artículo VI.  

La deuda del sector público aumentó 5 veces entre el 1960 y el 1980. En 1982, el economista Tosporn Chotigeat advertía sobre la perniciosa deuda de Puerto Rico, en relación al acelerado ascenso del servicio de la deuda, de cara a la fragilidad de un flujo sistemático de fondos al exterior, debido a que la mayor parte de la deuda estaba en manos extranjeras. De forma análoga anunció que se convertiría en una carga para las generaciones futuras. ¡Y no se equivocó! 

Otro hecho incrementó el problema. En el año 1984, el Congreso estadounidense excluyó a Puerto Rico de las protecciones del Capítulo 9 de bancarrota municipal. Sumemos a la lista de eventos desafortunados, la eliminación gradual por parte del Congreso de los Estados Unidos de la Sección 936 en 1996, de los incentivos económicos a las empresas estadounidenses, enviando miles de trabajos al extranjero. 

¿Qué y a quién debe la isla?

Para entender qué debe Puerto Rico y a quién, es fundamental considerar que alrededor de 18 entidades gubernamentales emitieron bonos para ayudar a pagar sueldos, subsanar déficits presupuestarios y financiar pensiones públicas. Es necesario distinguir que no todos los bonos en Puerto Rico tienen el mismo origen, debido a que están respaldados por diversos tipos de ingresos -peajes, ingresos tributarios, facturas de electricidad, entre otros-. En consecuencia, los inversores deben investigar qué tipo de ingreso respalda sus bonos y si se encuentran asegurados o no.  

En la actualidad, Puerto Rico debe 17.800 millones de dólares en bonos de obligación general (GO), que son aquellos con protecciones constitucionales. En segundo lugar, están los 17.600 millones de dólares en obligaciones emitidas por la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA); este tipo de bonos son respaldados por el impuesto sobre las ventas. Sin embargo, en julio de 2017 fueron degradados por la calificadora de riesgo Standard & Poor´s. Además, recientemente se dio a conocer al medio The Intercept que el grupo Baupost de Seth Klarman era uno de los mayores titulares de este tipo de bonos. El inversor de valores con sede en Boston, posee 911 millones de dólares de los bonos. 


En tercer lugar, la factura se extiende con los bonos emitidos por otras corporaciones y agencias públicas, cuyas garantías descansan en los ingresos de sus respectivas entidades: 9 billones en deuda de la Autoridad de Servicios Eléctricos de Puerto Rico (PREPA); 52.2 mil millones en deuda relacionada con pensiones; 21 mil millones en otras obligaciones relacionadas con servicios públicos y otras agencias.

En relación a los tenedores de deuda puertorriqueña, se trata de "una mezcla de fondos de cobertura, fondos mutuos e inversionistas minoristas (75%), muchos de los cuales son residentes de Puerto Rico, son titulares", explica el columnista de Mark Watch, Mark DeCambre. De forma análoga revela que "los grupos de fondos especulativos han sido atrapados en tensas negociaciones con funcionarios de Puerto Rico y el gobierno de Estados Unidos, quienes diseñaron un paquete de ayuda conocido como Promesa o la Ley de Supervisión, Manejo y Estabilidad Económica de Puerto Rico para ayudar a facilitar fuera del dilema de la isla." Es la ley PROMESA la que entregó en bandeja de plata las finanzas de Puerto Rico a una junta que no ha hecho más que imponer medidas de austeridad y que además, solo han logrado la liberación de 7.900 millones de dólares para pagar a los tenedores de bonos

Por su parte, Nancy Moran y Martin Z. Braun en Bloomberg revelan quiénes son los mayores acreedores institucionales:

1) Fondos Oppenheimer de Mass Mutual (13.900 millones de dólares)

2) Franklin Resources

3) UBS Asset Managers of PR

4) Golman Sachs

5) Black Rock 

6) Invesco

7) Lord Abbett

8) Capital Group 

¿La deuda huérfana?

Wilma Reverón Collazo, presidenta del movimiento independentista nacional hostosiano, sostiene que la culpa es huérfana, semejante a lo ocurrido con la deuda de Puerto Rico. La isla tiene décadas ofreciendo incentivos a inversionistas extranjeros. Sin embargo, esto no se ha traducido ganancias para el país caribeño. Lo que sí se ha manifestado es la extracción del capital producido en Puerto Rico, falta de liquidez e imposiciones jurídicas como la ley de Cabotaje. Reverón advierte que de la relación colonial "solo se han beneficiado los empresarios estadounidenses y la partidocracia que se ha turnado en el poder (...) la corrupción se ha entronizado en cada piso del gobierno y la única forma de hacer negocio es a través del clientelismo político". En este contexto, el pertinente cuestionamiento que realiza Reverón en su artículo ¿De quién es la deuda?, acerca de las responsabilidades de este escenario, apunta hacia el Congreso de Estados Unidos y la élite política y económica de la isla. 

El pasado 28 de septiembre, el gobierno estadounidense levantó las restricciones sobre el transporte de carga a Puerto Rico, a fin de poder enviar ayuda humanitaria a la isla tras el paso del huracán María y además, el presidente estadounidense, Donald Trump, expresó: "Deben mucho dinero a sus amigos en Wall Street (...) Vamos a tener que borrar eso. Usted puede decir adiós a eso ". Sin embargo, este anuncio no parece tan "viable" después de todo. El director de presupuesto de la Casa Blanca, Mick Mulvaney aclaró: "Creo que lo que escuchó al presidente decir es que Puerto Rico va a tener que encontrar una forma de resolver su problema de deuda (...) No vamos a rescatarlos, no vamos a pagar esas deudas, no vamos a rescatar a esos bonistas (...) Puerto Rico tendrá que encontrar la manera de arreglar sus problemas de deuda por su cuenta".


Luego de 119 años de colonialismo estadounidense, los daños sufridos son incalculables, que ni pagando los 74.000 millones dólares y la deuda de las corporaciones públicas, no se podría saldar la deuda económica y moral, con el pueblo puertorriqueño, sentencia Reverón. Entonces, ¿para qué sirve la deuda? Para hundir y subyugar a los pueblos. 


Alberto Morales