Aprueban proyecto de ley que prohíbe paramilitarismo en Colombia

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La Cámara de Representantes de Colombia aprobó un proyecto de ley para la prohibición constitucional del paramilitarismo con una votación de 99 a favor y 10 en contra.

En el proyecto "se dictan posiciones para asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado". 

La prohibición ocurrió un día antes del Día de la Desaparición Forzada. En Colombia existen más de 65.000 personas desaparecidas, y se estima que el 80% de los casos recae en el Estado colombiano y los paramilitares.

"El paramilitarismo es un flagelo que ha sacudido la historia del país desde hace décadas como una política del desdoblamiento del Estado en organizaciones que sembraron el terror", argumentó el senador Iván Cepeda.

El origen

Los grupos paramilitares operan en Colombia desde principios de los 80, cuando instructores provenientes de Israel como Yair Klein, llegaron al país para formar milicias para la contrainsurgencia.

Luego, el gobierno del Presidente César Gaviria Trujillo emitió el Decreto Ley 3567 de 1994, el cual establece las condiciones para regular "nuevos servicios especiales de seguridad privada" (CONVIVIR), una respuesta oficial en apoyo a los terratenientes que hacían frente al accionar de la guerrilla.

Posteriormente, más de 2.000 CONVIVIR se fusionaron con los paramilitares para crear las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), un movimiento de extrema derecha formado en 1996 e integrado por 16 grupos paramilitares.

Cabe señalar que ni los paramilitares ni las CONVIVIR atacaban directamente a la guerrilla, sino más bien la población civil sospechosa de tener simpatía por ella para "quitarle el agua la pez".

Más del 70% de sus ingresos provenían del narcotráfico, igualmente se financiaban con el secuestro y la extorsión además de recibir dinero de multinacionales que operaban en las zonas bajo su control.

El infaltable "pero"

Durante estos años, los paramilitares han perpetrado miles de masacres, desaparecido y desplazado a millones de campesinos y robado más de seis millones de hectáreas de tierra, pese a que en la constitución colombiana están proscritos estos delitos. Entonces ¿quién o qué nos garantiza que esta nueva ley funcionara?

Para el director de Indepaz, Camilo Gonzalez Posso, es necesario "consagrar un pacto de adiós a las armas en la política y en los negocios"

Sin embargo, hasta el momento, cerca de 70 organizaciones de Derechos Humanos aseguran que la prohibición del paramilitarismo "es indispensable para estimular el desarrollo de una sólida política estatal en la materia"


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